Declaracion por los 90 años del Manifiesto de Córdoba

Se cumplen 90 años del levantamiento de estudiantes contra la opresión social manifestada en una de sus vertientes, en la Institución Universitaria cordobesa, gestora de mentes funcionales a las oligarquías nativas y atadas a las más rancias conductas culturales, pedagógicas y filosóficas.
Lo que en otros lugares -como en el mismo Uruguay- la burguesía a través del avance liberal, supo paliar en el ámbito universitario rechazando la rémoras escolásticas de la formación colonial, en la vieja Universidad de Córdoba -formadora en otros tiempos de muchos “prohombres” de las clases dirigentes y el mismo patriciado uruguayo- continuaba vigente. No existía sintonía con la realidad. Toda la formación apostaba a reproducir concepciones vetustas, ya caducas en un mundo donde las clases oprimidas potenciaban día a día su presencia de forma cada vez más organizada. El mundo vivía el epílogo de la 1ª Gran Guerra Imperialista y la Revolución Rusa constituía un sugerente ejemplo de levantamiento popular organizado, que sugestionó no sólo a las clase obrera y campesina sino también a muchos jóvenes burgueses entusiastas por cambios cualitativos y en donde el ideal revolucionario tenía, sin duda, un lugar sustantivo.
Nos es un mero recuerdo, ni una crónica de identidad, lo que hemos expresado. Es un sentir colectivo con el cual nos identificamos en el día a día. El Manifiesto de Córdoba no es un adorno caprichoso sino una expresión de conducta social que nos alimenta a seguir en la lucha en defensa de los derechos del pueblo, de todos los trabajadores y a posicionar a nuestra Universidad de cara a las transformaciones que nuestro país necesita.
Nuestros compañeros que con su sangre defendieron las libertades democráticas en la enseñanza y los principios que la misma conlleva, son parte no sólo de nuestra memoria sino de nuestro compromiso social con el pueblo: Nebio Melo, Ibero Gutiérrez, Liber Arce, como tantos otros nos inspiran con su ejemplo de máxima generosidad.
El país productivo debe contar con una Universidad autónoma, desligada de las relaciones funcionales con los gobiernos de turno, porque en definitiva, eso es lo que son: gobiernos de turno y la Universidad tiene que avanzar en las transformaciones que el Uruguay productivo solicita, afianzando nuestra identidad nacional, nuestro proyecto como nación independiente. ¡Y es así, compañeros! Nuestra Ley Orgánica de 1958, retoma los postulados democráticos del levantamiento estudiantil de Córdoba de 1918. No ser funcional supone defender no sólo el cogobierno sino las libertades democráticas. Desde esta óptica, nos congratulamos con las definiciones tomadas por nuestra Federación de Estudiantes Universitario, a favor de la autonomía y el cogobierno para toda la educación pública en el contexto del debate educativo nacional.
La lucha por la Autonomía, el Cogobierno y la Gratuidad de la Universidad no solo la ha reivindicado el movimiento estudiantil y demás universitarios, sino que históricamente el conjunto del movimiento popular,
Esta y todas las luchas democráticas son parte del camino de nuestro pueblo hacia la Liberación Nacional.
La justa y correcta categorización, de que el Capitalismo se encuentra en su etapa superior: la del Imperialismo cobra más vigencia que nunca.
En todas las naciones exportadoras de materias primas, desindustrializadas y -también por ello- oprimidas por el Imperialismo, las luchas democráticas no están concluidas, porque la estructura económica de atraso del capitalismo tiene como consecuencia, en la superestructura, la dependencia el atraso político.
Es por ello, que en el marco del 90 aniversario del Manifiesto de Córdoba, hay que retomar la lucha democrática en el terreno de la educación, particularmente en nuestra Facultad que tiene como cometido, además del tratamiento de las ciencias comprendidas en las Humanidades, el de las Ciencias de la Educación.
La reivindicación de sus postulados debe ser hoy parte de una seria revigorización de los mismos ya que actualmente se proponen en el seno de la Universidad un proceso de “Segunda Reforma Universitaria”.
Esta “Segunda Reforma Universitaria” tiene postulados generales para los nuevos planes de estudios y además, ahora también, plantea reformar la Ley Orgánica.
Esos postulados generales para los nuevos planes de estudio no son un planteo de profundización democrática, sino los mismos postulados para la Educación de los organismos multilaterales de crédito en la década de los 90´ y del neoliberalismo, a saber: flexibilización curricular, movilidad horizontal, creditización y limitacionismo en el acceso al conocimiento (reducción de los contenidos de los cursos de grado hacia el cobro de los post-grados).

Reforma universitaria y Planes de estudio

Concebimos al conocimiento en tanto objeto de investigación y enseñanza como una herramienta que al estar ligada a los procesos productivos nacionales es un nudo esencial para generar la ruptura con los lazos de dependencia.
Consideramos, de esta manera, que se deben tomar en la UDELAR una serie de medidas que tiendan hacia ello, siendo consecuentes con el Movimiento de Reforma Universitaria en América Latina.
Uno de los presupuestos esenciales para abordar este problema es la caracterización del Uruguay como país dependiente que dentro de la estructura económica mundial está, también ligada a los lineamientos que establecen los organismos internacionales de crédito. Dichos organismos establecen directivas, las cuales tienen como fin incidir en la estructura productiva del país.
La producción y el conocimiento son fenómenos estrechamente relacionados y estos lineamientos se aplican también en el ámbito educativo.
En este contexto, debemos repensar el papel que cumple la Universidad en este proceso. Cuando se afirma la idea que es necesario e imprescindible la flexibilización curricular y la implementación de los créditos como la única forma de mejorar la formación universitaria, no se tiene en cuenta un aspecto importante: el atraso en el que se encuentra el desarrollo científico y tecnológico del país, fenómeno que es una de las tantas consecuencias de la dependencia económica y política en la que se encuentra el Uruguay.
Esta omisión en el actual proceso de discusión trae aparejada intenciones nefastas para comprender en su real dimensión todos los elementos que significan una reformulación curricular de todas las carreras de grado de la UdelarR.
Con el fin de diversificar los perfiles de formación se pretende introducir como eje esencial para su ejecución el sistema de créditos. Esto es otorgarle a cada unidad básica curricular (asignatura, taller, seminario) una determinada cantidad de horas/crédito. Es una unidad de medida que “…valora de manera arbitraria el tiempo de trabajo que se estima que el estudiante debe dedicar en condiciones ‘ideales’, a la apropiación de un conjunto de conocimientos y prácticas.” Esta unidad significaría que para egresar un estudiante deba acumular en su paso por la Universidad un determinado monto de créditos-puntos que garantizarían su formación.
Mediante esta apreciación se explica cómo sería concebida dicha medición: asignar un monto determinado a una unidad curricular dependiendo de la cantidad de horas-clase y la cantidad de horas que el estudiante dedica para la aprehensión de conocimientos.
Según este esquema su formación está garantizada en base a una medición cuantitativa arbitraria abordada mediante la conformación “de condiciones ideales” de estudio, lo que significa condiciones ideales para aprender.
Sin embargo, este proceso de aprendizaje lejos está de ser ideal. A través del mismo se aunan una serie de factores esenciales para comprenderlo: las formaciones diferentes entre estudia

ntes que provienen de la enseñanza secundaria pública y privada con todo lo que ello implica; la dificultad para costear los estudios ya por lo que significa el gasto en transporte así como por el gasto en materiales, etc. ¿Entonces cómo es posible medir el tiempo que un estudiante dedica en aprender cuando existen condiciones disímiles y desiguales?
Estas reformas “renovadoras”, a diferencia de las proyectadas hacia los años 90, cambian el medio y la forma en que se expresan, pero llegan a un mismo fin: diferenciar de plano las condiciones de ingreso a la Universidad para otorgar a estudiantes que provengan de niveles socio-económicos diferentes, formaciones diferentes. Es decir esta propuesta es limitacionista, quizá no en el ingreso pero sí en la calidad de la formación.
Ligado a lo expresado anteriormente, la introducción de esta medición a los conocimientos adquiridos en la Universidad, antepone una medición cuantitativa a la significatividad social del saber.
En efecto, mediante una lógica mercantil primitiva se establece que un determinado conocimiento esta supeditado a un determinado valor. Este objetivizado en los créditos, supone que el cursado y aprobación de una asignatura, taller o seminario, está determinado por un monto. De esta forma, detrás de la flexibilización curricular y la autonomía que el estudiante tiene para elegir su perfil, se esconde la “ganancia” que supone realizar determinada actividad curricular.
Esta lógica mercantil se deposita en la formación universitaria, pues al anteponer el carácter cuantitativo de un conocimiento previo a su función social, este está condicionado por un rédito extra. Es decir la formación estaría guiada por la cantidad de créditos necesarios y no por la calidad y la pertinencia académica de los conocimientos.
En esta acumulación de créditos se concibe intrínsecamente al conocimiento como un bien redituable sugerente para que se valore en una cantidad numérica necesaria. Es así que se llega a una lógica en la que el conocimiento se evalúa o devalúa al igual que los productos mercantiles.
La concepción de un determinado conocimiento que es evaluado a partir de una apreciación numérica concibe intrínsecamente si es redituable o no.
Esta evaluación de los contenidos a enseñar, no sólo imprime una lógica mercantil a la formación universitaria, sino que estaría sujeta a condiciones que bien pueden ser foráneas a los intereses estudiantiles y universitarios comprometidos con las demandas sociales que surjan del pueblo. Pues el rédito que puede tener un conocimiento en un país subdesarrollado está atado a requerimientos foráneos que escondidos tras slogans como “la formación para el mercado laboral” o la “generación de conocimientos para el ámbito productivo” expresan intereses de los países imperiales que establecen determinadas premisas para poder utilizar el conocimiento que se genera en nuestros países.
Debemos ser concientes del peligro que generan estas propuestas en el marco de la dependencia económica y política de nuestro país, pero también dar cuenta que estas concepciones no son ajenas a algunos actores universitarios que con su anuencia permiten esta utilización del conocimiento minusvalorando la soberanía nacional y degradando la calidad de la educación universitaria por sus propios intereses.
¿Qué te tiene que ver esta denominada Segunda Reforma Universitaria, que impulsa el Rector Arocena con los principios democráticos y humanistas de la Reforma de Córdoba que estamos conmemorando?

Ley orgánica

Junto a estos planteos, en “la transformación” en el anterior rectorado de Rafael Guarga, también se promovió el gerencialismo de las estructuras universitarias; agrupamiento de servicios en áreas, que en la práctica no son cogobernadas, concentración de la gestión en personal de confianza y limitaciones en las funciones de todos los organismos del cogobierno.
Ahora, esta nueva administración de la UdelaR trata de maquillar aquellas “transformaciones”, evidentemente neoliberales, matizándolas con un planteo rimbombante de “Reforma de la Ley Orgánica”, que le otorgaría una gran originalidad a esta “Segunda Reforma Universitaria”.
Esta iniciativa de “Reforma de la Ley Orgánica” –parte integrante de la “Segunda Reforma Universitaria”– fue lanzada a la luz pública con un documento elaborado por el actual Rector Rodrigo Arocena, titulado: “Notas para la actualización de la Ley Orgánica de la UR”. En ese documento no hay una clara orientación hacia una reforma de profundización o radicalización democrática. Allí no existe síntesis política, porque sencillamente no hay política.
Esto, muy poco tiene que ver con la orientación histórica del movimiento de reforma universitario latinoalmericano, de las reivindicaciones que la FEUU mantiene desde 1958 (año en el que se aprobó la Ley vigente).
Las reivindicaciones histórica y actuales han sido y son: Paridad en la representación de los órdenes en todos los organismos de cogobierno; Representación de todos los trabajadores no docentes; La profundización de la autonomía política que se resume en la consigna “Derecho de la Universidad a darse su propio Estatuto”. La FEUU reafirmó su compromiso con estas reivindicaciones en su última convención ordinaria.
Las consecuencias políticas del maquillaje de la gestión del rectorado de Arocena con la “Reforma de la Ley Orgánica” como parte fundamental del proceso de “Segunda Reforma Universitaria” pueden llegar a ser muy regresivas para la democracia de nuestra Universidad.
A través de esta reforma se pretende establecer descontextualizadamente una serie de lineamientos rectores que relacionen los principios de Córdoba con las circunstancias actuales que atraviesa del país.

Por supuesto, que una profunda Reforma Educativa Democrática, Popular e Integral deberá abarcar muchísimo más, como el levantamiento de la prohibición reaccionaria hacia los estudiantes de secundaria de su derecho de agremiación, e incluso el derecho a la participación de los actores directamente involucrados en el gobierno de las diferentes ramas de la educación.
Es indudable que los gobiernos colorados y blancos que gobernaron el país desde la sanción de la ley orgánica en octubre de 1958 hasta el 1º de marzo de 2005, hicieron inviable cualquier planteo por parte de la Universidad de una actualización progresiva de dicha ley orgánica.
Sin embargo, en estos momentos donde podríamos observar unas mayorías políticas proclives a realizar las modificaciones más avanzadas en el sentido de afianzar y ampliar el cogobierno y la autonomía universitaria, lamentablemente, existen posiciones en el gobierno que atentan contra estos principios. Por ello, dudamos que existan las condiciones políticas para impulsar cambios democráticos a la Ley Orgánica. Corremos el serio riesgo que luego de planteada las reformas por parte de la Universidad, una simple disidencia de un grupo político o un parlamentario del partido de gobierno genere junto a blancos y colorados una mayoría con el objetivo de recortar las conquistas democráticas de la Ley Orgánica.

Las reformas democráticas no deben estar supeditadas a una coyuntura electoral interna de la Universidad, sino debe ser parte de un proceso de concientización y movilización de los distintos órdenes universitarios.