A FIRMAR CONTRA LA LEY DE IMPUNIDAD

La ley de impunidad es uno de los resabios que persisten de la democracia tutelada negociada en 1984 con el “Pacto del Club Naval”.

Durante todo el período posterior a ese pacto, mientras los partidos políticos tradicionales de la oligarquía se mantuvieron en el gobierno, se garantizó impunidad a los torturadores, ladrones y en general criminales de todo tipo, de la dictadura fascista con la que el imperialismo yanky controló nuestro país entre 1973 y 1985.

Luego de instalado el primer gobierno presidido por Julio Mª Sanguinetti, los familiares de los desaparecidos y las victimas de las violaciones a los Derechos Humanos, perpetradas por el fascismo, comenzaron a realizar denuncias judiciales, como parte de su larga lucha por JUICIO Y CASTIGO a los culpables del terrorismo de estado.

Junto a ellos el movimiento popular se movilizó por estos derechos y contra la impunidad que impulsaba el gobierno, pero los partidos políticos tradicionales de la oligarquía votaron la ley de impunidad la noche antes de que el torturador José “nino” Gavazzo tuviera que presentarse ante los tribunales.

Esa misma noche del 21 de diciembre de 1986 expulsaron del senado a José Germán Araujo, quien se había destacado por darle estado publico en el parlamento a las denuncias de violaciones a los derechos humanos de la dictadura fascista, caracterizando a esta ignominia como la “ley Gavazzo”, ya que se trataba de una aberración, además de su contenido, por el vergonzante apuro servil para salvar a este torturador.

Luego, el movimiento popular dio una dura lucha para poder plebiscitar esta ley, no sin obstáculos (persecución política a quienes firmaban el Referéndum, anulación de firmas, aislamiento informativo de la gran prensa, represión policial, etc.), se logró el objetivo de someter a plebiscito esta ley recién el 16 de abril de 1989. Pero fue imposible derrotar a la campaña de la gran prensa de la oligarquía a favor de la impunidad: en los canales de televisión y en las radios la propaganda por el voto amarillo y la campaña de terror eran permanentes.

En la campaña previa al 16 de abril de 1989 la derecha logró imponer su discurso de chantaje con el vicepresidente Tarigo como portavoz: “Si cae la ley de impunidad los militares no van a acatar la justicia civil y puede caer la democracia”

Hace dos años, desde que nuestro pueblo desplazó del gobierno a los partidos políticos tradicionales de la oligarquía, venimos asistiendo, no sin resistencias de esa reacción oligárquica, a ciertos avances democráticos: Consejos de Salario, Libertades Sindicales, discusión sobre el derecho al sufragio de los uruguayos en el exterior y una interpretación más amplia de esa misma ley de Impunidad.

Pero desde el movimiento popular no podemos ni debemos transigir con esta nueva interpretación de la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del estado (impunidad), porque la justicia para los compañeros caídos y desaparecidos no se transa por gobernabilidad.

La lucha por JUICIO Y CASTIGO a los culpables del terrorismo de estado es una parte esencial de las tareas democráticas de nuestro pueblo hacia la Liberación Nacional, no se trata de una gestión administrativa mágica con la que se resolverá el problema votando. Derrotar a la impunidad será más difícil que anular esta ley con una Reforma Constitucional, pero dar este paso constituirá un severo golpe político a la misma.