Historia reciente: anotaciones para la reflexión

La asunción de las nuevas autoridades gubernamentales determinó el comienzo de una nueva etapa en el proceso de esclarecimiento de lo ocurrido durante los años 1968 a 1985; años que engloban los momentos previos al golpe de Estado y su posterior ejecución y culminación. En base a esta gama de medidas implementadas o proyectadas a implementarse por el poder gubernamental se desarrollan las líneas que prosiguen.

Todo proceso histórico que se desarrolla en el tiempo[1], tiene repercusiones posteriores a su desenlace. A esto cabe recalcar que para la época actual, el Golpe de Estado significa un bastión de ineludible referencia para comprender el presente político, social, económico y cultural del país; ya que su desarrollo en el tiempo significó un nuevo régimen que actuó de forma determinante en los ámbitos mencionados, trayendo consecuencias que trascienden los límites temporales sobre los que se desarrolló. (1968-1985).

Entre 1973 a 1985 tuvo lugar en la historia del país el proceso dictatorial con sus diferentes etapas, siendo prólogo de la misma la coerción sistemática de las libertades públicas desde 1968. Esto que acabamos de mencionar significa lo fáctico, lo ocurrido, la realidad sobre la cual se desarrollan diversos posicionamientos; el pasado es entonces la materia prima con la cual se conforman una serie de interpretaciones de variado signo que contraen implícita o explícitamente una dimensión política[2].

Al respecto, podremos decir que en el marco político actual este fenómeno del pasado trascendió el ámbito historiográfico o periodístico, para ser considerado como un tema de Estado, buscando revertir el posicionamiento de los gobiernos anteriores, que se jactaban de ser desde 1985 “democráticamente” elegidos. Esta revisión se enmarca en una serie de medidas de carácter democrático que buscan esclarecer públicamente lo ocurrido: la búsqueda de restos de los desaparecidos; fallos judiciales condenando a algunos de los implicados con el proceso dictatorial en el Conosur; inclusión oficial en los programas de Historia de los procesos de los sucesos acaecidos en el Uruguay durante los últimos 40 años, son ejemplos de esto.

Esta serie de medidas tiende a revalorizar en la escena pública la dimensión que comprende la historia reciente en la política uruguaya, propugnando por un efectivo respeto y puesta en práctica de los Derechos Humanos desde la perspectiva política y civil. Tanto en el aspecto de la información, como de la formación de las futuras generaciones, y de la aplicación de la Justicia con sus limitaciones explícitas, estas medidas conllevan un carácter progresivo en comparación con los anteriores gobiernos.

Por otra parte, comprendemos que la dimensión histórica está presente en todos estos aspectos, pues el manejo del pasado es parte de una política de Estado, y en consecuencia aludir sobre él determina posicionamientos ideológicos diversos que se estructuran en el seno del poder gubernamental. Por ello es significativo indagar acerca de esta apropiación de la historia reciente por parte de este gobierno y el consecuente manejo del pasado histórico que realiza el poder gubernamental, conformando en cierta medida una legitimación de determinado discurso histórico proyectado en un futuro.

Este punto no sólo trae a colación el control del pasado histórico por parte de los sectores dirigentes, sino que también se establece una funcionalidad por parte de los medios de comunicación, el mercado y los propagadores de esta Historia oficial, pretendiendo ingresar en diversos sectores de la opinión pública.

En este sentido podemos referirnos que, si bien comprendemos que en el contexto nacional la iniciativa propuesta por el Ejecutivo contiene indirectamente una ruptura con lo establecido, es necesario recordar que en la sociedad de clases, el manejo e instrumentación del saber histórico y su respectiva enseñanza funcional a este implícita o explícitamente, ejerce en ellas un fuerte control para salvaguardar el orden imperante. En este terreno tampoco debemos perder de vista nuestras características como país dependiente e inserto en el sistema de producción capitalista. Estas inciden directamente en la conformación de la sociedad uruguaya en la que está presente el antagonismo de intereses que influyen directamente en el desarrollo político, económico, social y cultural del país.

En esta coyuntura la dimensión que contrae la propuesta del presidente Tabaré Vázquez en su disposición de declarar un día del “Nunca Más” que simboliza cerrar una etapa del pasado uruguayo, con su consecuente proyección a futuro y establecer simbólicamente una “sociedad de consenso”; es un manejo del pasado histórico que se detenta explícitamente, buscando anidar en los hábitos sociales una comprensión del pasado.

Establecer una fecha para simbolizar el cierre de una etapa y consecuentemente la erradicación de este suceso en la esfera política uruguaya contrae no solamente una interpretación hegemónica del pasado, sino que también pretende legitimar el orden imperante. Implica por un lado, el reconocimiento público del proceso, pero por otro establece su caducidad en la esfera política actual, escondiendo así, (desde un supuesto consenso) intereses contrapuestos en la sociedad uruguaya.

Con esta medida se realiza una determinada interpretación del pasado reciente que conlleva a caracterizar el presente político del país y establecer su futuro. Ahondemos: la medida del “nunca mas” pretende demostrar un marco de negociación y entendimiento entre la oligarquía y el pueblo; rompiendo con los cánones de lucha del movimiento popular uruguayo. Desde este perspectiva los intereses de los “otrora” sectores conservadores (oligarquía, FF.AA.) son de diálogo y consenso en pos de la “reconstrucción” de la Nación de antaño (aludimos a la caracterización de sociedad “hiperintegrada”).

Una serie de premisas establece la medida en las que se modela una interpretación histórica que hegemoniza un discurso y neutraliza las contradicciones de clase en la sociedad uruguaya. En primer lugar concibe a las FF.AA como los principales ejecutores del golpe de Estado; desde esta concepción, se incurre en un grave error, la cual establece como los únicos representantes del Estado de Fascista a las Fuerzas Armadas. No nos engañemos; ¿que intereses defendían los mandos militares de la época? ¿cuáles eran los sectores que apoyaban su accionar? Entonces, en este contexto y analizando el proceso desde una perspectiva histórica comprendemos dichas acciones, como la cristalización de los intereses de la oligarquía que en conjunción con las FF.AA. concretaron su plan político, estableciendo, en ese momento, la disolución del Estado de Derecho.

¿Podremos hablar de un “Nunca más”? ¿Cuáles son las garantías que el Presidente Vázquez se apoya para asegurar el consenso del sistema político, mientras los sectores oligárquicos y conservadores se mantienen en las altas esferas de poder?

Por otra parte, la inclusión de un temario relacionado a la Historia reciente frente a esta propuesta pierde el significado progresivo que podría tener la medida en un comienzo, pues planifica una visión del pasado y estructura su consecuente explicación. En fin, si bien se concreta un paso renovador en el carácter curricular se mantiene de igual manera la legitimación del orden social imperante.

En consecuencia la lectura del pasado tomando un cariz oficial, también estructura un planteo conservador ya que la lectura e interpretación histórica del período se proyecta a las causas más próximas sin ahondar demasiado en las divergencias sociales que se remontan a las raíces mismas de la historia del país.

En síntesis, el marco de proyección de una nueva lectura del pasado reciente del país, no debe ser tomado como una lectura rauda de un proceso de límites cronológicos establecidos, sino que alude indirectamente a un bastión en el proceso histórico donde se condensan las divergencias estructurales del país. En este sentido comprendemos que sin una interpretación debida del proceso en toda su dimensión acudiendo a las causas más próximas para desentrañar las más lejanas no hace más que legitimar el statu quo, manteniendo en la medida un carácter burocrático que prevalece sobre el crítico.

Por otra parte y acuñando esta comprensión de la Historia del país, queda perimido un efectivo cumplimiento de los Derechos Humanos; pues comprende la coerción de las libertades políticas y civiles, mas no adecua este discurso para comprender los problemas que existen en el Uruguay actual. Ya que al plantear una sociedad de consenso en donde todos abogan por la construcción de la Nación, no reconoce las contradicciones de clase, que son justamente las que establecen la desigualdad en los derechos económicos, sociales y culturales que se inscriben en la sociedad uruguaya.


[1] Para exponer esto nos valemos de la explicación de historia como devenir de BENTANCOURT DIAZ, J., “¿Qué es la Historia?”, Montevideo, Publicaciones FHCE, 1992.

[2] Desde esta perspectiva es posible mencionar autores como CHESNAUX, PAGÈS, FONTANA.