Frenar el recorte es el primer objetivo

Si observamos nuestra historia reciente, en la década de los noventa (la tan y justamente demonizada políticamente, década de los noventa), hubo un par de intentos muy claros de privatizar empresas estatales que brindaron y brindan hasta hoy, servicios fundamentales. Más puntualmente, los casos de ANCAP y ANTEL que, aunque luego el tiempo les dio suertes dispares por cuestiones netamente de malos manejos y voluntades políticas, no se puede negar no sólo la capacidad comercial que tienen, sino también que son servicios que el estado debe regular y proveer con la mayor eficiencia posible. Cuando dichos intentos de privatización fueron llevados a cabo, todas las organizaciones de izquierda se pusieron en pie de lucha y, luego de arduas batallas, lograron mantener el patrimonio uruguayo en las manos de quien corresponde: el pueblo. Sin embargo, hoy nos encontramos en una situación casi inverosímil si tomamos en cuenta estos antecedentes.

Hoy, en 2016, muchas situaciones cambiaron, la más notoria es que el Frente Amplio es ahora gobierno. Sin embargo, hubo algo que no: el modelo económico, y a quienes apunta al momento de hacer recortes.

Lo que prometieron en el presupuesto de la Educación aprobado en 2015, para el 2017, decidieron postergarlo para un futuro incierto, lo que abrió un horizonte de luchas intermitentes y desgastantes que resultaron en el rescate de $800.000.000 para la Universidad.

En 2016, sin embargo, se plantean recortes a presupuestos que ya estaban votados desde el 2015, entre ellos se recorta la totalidad de los incrementos para la UdelaR (esos $800.000.000) lo que significó un ataque claro y directo a la Universidad.

Antes de este evento, la perspectiva de lucha gremial se plantaba en términos de conseguir lo que se había prometido (fondos para becas, por ejemplo) y que no se había conseguido en su totalidad; luego, se tuvo que comenzar a luchar en contra del recorte de presupuesto general con el que, además, desde un principio, no se estaba de acuerdo.

A pesar de que al final no se dió tal recorte (luego de una puja importante), se entendió necesario igualmente marchar en defensa de la universidad y de la educación como conjunto.

En los últimos 5 años la FEUU pasó de tener un rol pasivo frente al presupuesto, a comenzar al menos a realizar declaraciones sobre las carencias de la enseñanza, y en el último año y medio a retomar las movilizaciones con algunas marchas en defensa de la Educación Pública. Aunque vemos estos cambios como positivos, creemos que aún falta mucho.

La demanda de la FEUU en cuanto al presupuesto consiste en conseguir los fondos para poder democratizar la educación partiendo de las siguientes bases: generar un sistema de becas fuerte, lograr más cupos en materias y facultades, conseguir más turnos en consideración a los estudiante trabajadores (rama del problema que se ha visto muy claramente ilustrado en Humanidades), mejorar los sueldos docentes y no docentes que, actualmente, se encuentran entre los más bajos de la Administración Pública y, por último pero no menos importante, conseguir fondos suficientes para el correcto funcionamiento del Hospital de Clínicas.

La situación en la que se encuentra el Hospital de Clínicas, es, además de un ejemplo claro de las fallas, por lo menos acuciante y parte nada menos que de una promesa del presidente Tabaré Vázquez, que se compromete a invertir no menos de U$S 100.000.000 en la recuperación del Hospital. Lo que nunca aclaró es de dónde va a salir este dinero, ya que la institución solo recibe fondos por Educación y un monto fijo y mínimo por Salud (cuando las mutualistas privadas reciben montos por cada paciente que atienden). Recién y solo en los últimos 5 años, recibió el 16% de los recursos pedidos; estamos hablando de un hospital público y universitario.

Lo que sucede es que se plantea una perspectiva de financiamiento privada como única alternativa a lo que se pidió al gobierno a nivel público y no se dió, a cambio de una participación de este “benefactor” en la institución. Se trata del sistema de Participación Público-Privada (PPP), que implementa la firma de contratos por años o décadas entre el Estado y empresas privadas para la construcción de infraestructura, en la que el Estado se compromete a un tasa de ganancia del privado preacordada, más allá de eventuales coyunturas futuras, y el privado tiene poder de decisión en la administración y operativa del servicio.

Se plantean cada vez más maneras de permitir la entrada de las instituciones privadas y el gobierno a la universidad y la educación públicas, atentando contra la autonomía de las mismas.

En cambio, la Universidad de la República presentó un proyecto alternativo de financiación de las reformas edilicias para el Hospital de Clínicas que no implica gastos para este período de gobierno ni socava la Autonomía Universitaria del Hospital ni aumenta la deuda pública.

Es, a fin de cuentas, una cuestión de voluntad política.