Defendamos las Humanidades, la Educación Pública y los derechos estudiantiles
Nuestro tiempo nos enfrenta a un proceso de transformación de la Universidad para su adaptación a las demandas del mercado. El Proceso de Bolonia, que ha ido reformando los sistemas universitarios europeos al servicio de la banca y el conglomerado empresarial, también empuja en el Uruguay y en la región (véase como ejemplo la presencia cada vez mayor del Banco Santander).
Este proceso de mercantilización de la educación ha dado un gran paso en nuestro país con la llamada “Segunda Reforma Universitaria”, que “más que de inspiración Cordobesa fue a la Bolognesa”1. Impulsada por el ex rector Rafael Guarga y continuada y profundizada por el ex rector Rodrigo Arocena (2006-2014), se basó en los preceptos fundamentales del proyecto educativo neoliberal, fue continuidad de la reforma de Rama de 1996, y no es otra cosa que la implementación del Plan Bolonia en Uruguay.
La iniciativa de modificación de los Planes de Estudio, lejos de deberse a una preocupación pedagógica o a la necesidad de actualizar la enseñanza al acumulado de investigación disciplinar, se debió a las propuestas de adecuar la misma a los intereses de los organismos multilaterales de crédito de la década de los 90 y del neoliberalismo, a saber: “flexibilización” curricular, “movilidad horizontal”, creditización, limitacionismo en el acceso al conocimiento, rebaja de la calidad de las carreras de grado a través de la reducción de contenidos generando la necesidad del cursado de posgrados pagos, y acentuando así la meritocracia.
En los lugares del mundo donde el proceso está más avanzado se pueden ver los resultados: cobro o incremento del costo de las matrículas universitarias, tanto de grado, como de posgrado o maestrías; desprestigio de las licenciaturas humanísticas y artísticas; desvalorización de los títulos; prácticas profesionales obligatorias en empresas privadas como forma de llegar a la cantidad de créditos exigidos; desfinanciación de la Universidad Pública.
En nuestra Facultad de Humanidades hemos padecido el arocenismo con el prolongado decanato de Álvaro Rico, bajo el cual se impuso a espaldas del Orden Estudiantil la reforma de nuestros Planes de Estudio.
El Plan de desmantelamiento de nuestra Facultad que han llevado adelante José Seoane y Álvaro Rico fue el ensayo de lo que podría haber sido el rectorado de éste último; por eso fue importante el rol que nuestro gremio jugó en la FEUU en defensa de la Universidad, en el desenmascaramiento de su slogan “Universidad para todos”, cuando en nuestra Facultad, quien trabaja no tiene horarios para cursar.
Con el debilitamiento del arocenismo, y a pesar de las vacilaciones del ex Rector Markarián, logramos resistir cuando, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas impulsó fuertemente el mecanismo de Participación Público-Privada como única forma posible de financiamiento para el Hospital de Clínicas, presionando para que se aprobara la iniciativa mediante la retención de fondos críticos ya asignados a dicho Hospital. La intervención de inversores privados en la Educación Pública también es Plan Bolonia: también es parte de los acuerdos que internacionalmente han sido establecidos para la Educación Uruguaya. Introducir a un privado dentro de la UDELAR no solo hubiera afectado a la autonomía sino también al cogobierno, ya que estos nuevos actores hubieran tenido la potestad de tomar decisiones a consecuencia de su inversión.
Como a las estudiantes de Humanidades no nos es indiferente el Hospital Universitario, las Consejeras de la 21 de junio debatieron con éxito para que la Facultad llevara al Consejo Directivo Central (CDC) una postura en contra de las PPP. La derrota de este mecanismo en el CDC de la Universidad (con la destacada participación de nuestro compañero Andrés Fernández como representante de la FEUU) es una victoria que se inscribe en las mejores páginas del movimiento estudiantil universitario.
Hoy, en pleno gobierno de coalición de derechas, se arremete con más fuerza contra la Universidad Pública. El Rector Rodrigo Arim, benjamín del Banco Santander, coquetea con los planes del gobierno afirmando que la UDELAR “necesita” entregar su Ley Orgánica a un Parlamento que la mira sediento por descuartizar su autonomía y su cogobierno.
Como si fuera poco, frente al impulso del gobierno en favor de un modelo educativo virtual por considerarlo “más rentable”, y ante las presiones del Poder Ejecutivo con el recorte al presupuesto de nuestra Universidad, el señor Rector comunica a los medios de prensa que la institución podría “acomodarse” al modelo virtual, sin discutir sus declaraciones en los órganos de cogobierno.
[1]:
Bolón, Alma, Ferrer, Walter. Aquellas luces, estos mercados, Tiempo de Crítica (26 de octubre de 2012).
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